Resumen: Reclamado por la empresa en un despido improcedente el exceso de salarios de trámite que corresponde al Estado, este no reconoció el período correspondiente al confinamiento por pandemia. El juzgado estima el recurso y la Administración recurre en suplicación argumentando que la paralización de los procedimientos por el estado de alarma por pandemia produce efectos a efectos de responsabilidad del Estado pues no supone indebido funcionamiento de la Administración de Justicia. La Sala desestima el recurso por cuanto la ley se refiere a la fecha de dictado de la sentencia de despido y en la fecha de la sentencia había transcurrido el plazo de noventa días sin que se hubiera iniciado la suspensión de plazos derivada del estado de alarma. Por el mismo motivo no es aplicable la fuerza mayor.
Resumen: Son resueltos los contratos suscritos por los actores con una y otra codemandada con la finalidad de la celebración de su compromiso matrimonial de arrendamiento de finca y de prestación de servicios de catering, con condena de las demandadas al reintegro de los importes cobrados como señal de reserva. Se discute en apelación la imposibilidad de los actores de resolver el contrato de arrendamiento de servicios con base a lo dispuesto en la legislación especial de medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 por quedar fuera de su ámbito objetivo. Lo que no entiende de esta manera el Tribunal, y sí, ser la decisión de cancelación de la celebración de la boda programada, inicialmente retrasada, comunicada a los demandados con más de seis meses de antelación, lógica y adecuada a las circunstancias, por no ser posible su realización en las fechas convenidas por la situación sanitaria y haber sido decretada la prolongación del estado de alarma con las restricciones de movilidad y reunión consiguientes.
Resumen: Medidas sanitarias. Determinación de si las autoridades sanitarias autonómicas pueden adoptar medidas sanitarias que incidan sobre la libertad de empresa en el marco de una crisis sanitaria, con independencia de la previa declaración de cualesquiera de los estados excepcionales previstos en el artículo 116 de la Constitución.
